“El Fondo Monetario Internacional considera que el coste económico anual de la corrupción supone casi el 2% del PIB del planeta, lo que equivaldría a dos veces el PIB español, con unas consecuencias tanto políticas como económica muy sustanciales”. Así lo ha manifestado Ignasi Carreras, profesor y director de los Programas de formación directiva para ONG del Instituto de Innovación Social de ESADE, durante la conferencia ‘‘Políticas de lucha contra la corrupción”, organizada por la Fundación SERES y ESADE. Carreras ha hecho hincapié en la necesidad de una verdadera convicción en la alta dirección de la empresa de que la lucha de la corrupción debe combatirse y erradicarse y no quedarse en el establecimiento de políticas “meramente cosméticas”. Por su parte, Miguel Laloma de la Fundación SERES, quien ha realizado la apertura de la jornada, ha insistido en la cristalización de medidas y palancas anticorrupción en las organizaciones españolas con un compromiso sólido para contar con buenas prácticas.
Acciones para la gestión de los riesgos de corrupción
María Rocha, gerente SR Integrity de Repsol, ha explicado cómo su compañía implementó en 2016 la figura del chief compliance officer, “cuyo principal cometido ha sido la creación de un modelo contra la corrupción, de acuerdo con los principales estándares internacionales como la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) o la ISO 37001”. Rocha también ha insistido en el poder de la prevención a través de la formación y, por eso, “desde Repsol hemos desarrollado un curso de código y conducta, obligatorio en todos los planes de formación de nuestros empleados”.
Por su parte, Alejandra Miranda, Business Development Latam, Iberia y Francia de EcoVadis, ha destacado la importancia establecer sanciones sustanciales en términos económicos por parte de los organismos públicos. “Brasil y Francia, dos países que recientemente han establecido una regulación específica contra la corrupción desde sus gobiernos, han mejorado exponencialmente sus niveles de corrupción, según muestra nuestro último estudio que ha analizado el nivel de corrupción de 20.000 empresas” ha señalado.
En relación con la prevención, María Rocha ha mencionado el papel del canal de denuncias, pero que, sin embargo, “necesita quitarse de prejuicios, garantizar la confidencialidad de los denunciantes y trasladar a los empleados que no deben tener miedo a denunciar”. Alejandra Miranda, por su parte, ha señalo la importancia del análisis de riesgos a la hora de trabajar con colaboradores externos y proveedores: “es fundamental analizar previamente los riesgos antes de decidir trabajar o no con un proveedor”.
Por último, Ignasi Carreras ha explicado la importancia no solo de llevar a cabo todas estas políticas anticorrupción sino también de comunicarlas tanto interna como externamente, para que la sociedad sea consecuente con ello. En ese sentido, Rocha ha indicado que “en el informe de sostenibilidad de Repsol se especifica el número de comunicaciones y denuncias realizadas por asuntos de corrupción. Son datos estadísticos, pero necesarios para hacer ver que tus políticas son eficientes".