Con la iniciativa, que se debatirá en el Pleno del Congreso y que recoge Europa Press, la formación magenta pretende subsanar las "inaceptables" diferencias de trato que reciben los Centros Especiales de Empleo en función del lugar donde se encuentran radicados, en línea con el objetivo perseguido por el Ejecutivo con la Ley de Unidad de Mercado.
En concreto, se plantea aplicar la eficacia nacional de las actuaciones administrativas relacionadas con estos centros, como ya se hace con las autorizaciones para operar en todo el país que se otorgan a las empresas privadas.
Por eso, UPyD reclama que haya un Registro Estatal de Centros Especiales de Empleo y que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) conceda a los que operan en más de una región una calificación única para todo el país, en lugar de tener que solicitar una autorización en cada comunidad autónoma.
El objetivo es que los Centros Especiales de Empleo "vean simplificados sus trámites de calificación y registro, necesarios para poder actuar en el mercado, y que puedan así operar en el mercado español con menores trabas administrativas, lo que mejorará sus niveles de competitividad con otras empresas a las que se les están aligerando también de las mismas".
OBLIGACIÓN DE RESERVA.
El partido que lidera Rosa Díez también cree necesario simplificar las opciones alternativas a la obligación de reserva de empleo en favor de los discapacitados, de modo que "las empresas que puedan y deseen acogerse a esa fórmula vean facilitado el cumplimiento legal, permitiéndoseles contratar con los Centros Especiales de Empleo que operen en cualquier lugar del Estado, y no sólo en la comunidad en la que lo haga el centro".
Además, cuando se opte por una donación o acción de patrocinio como sustitución a la reserva de plazas, UPyD cree que se debería permitir al receptor de ese dinero destinarlo a acciones de formación profesional, inserción laboral o creación de empleo en favor de los discapcitados que se ejecuten en cualquier lugar del país, "siempre que el objeto social de la entidad receptora lo permita".
La iniciativa se refiere por último a las ayudas al fomento de la inserción laboral para el colectivo de discapacitados, y reclama que las medidas financiadas por el Estado en esta materia tengan un "contenido común mínimo" en todo el país, aunque sean las comunidades autónomas las que lo ejecuten en el marco de sus competencias.
"Una vez que el Estado distribuya territorialmente los fondos aplicados a dichas medidas, las comunidades autónomas deberán pagarlos a sus destinatarios últimos en el mismo ejercicio en el que se transfirieron, respetando el contenido común mínimo regulado estatalmente. El objetivo es evitar las desigualdades en cuanto a nivel y demora en la recepción de las ayudas las personas con discapacidad beneficiarias", concluye el texto.