La Ley de Integración Social de Minusválidos, LISMI, del 7 de abril de1982, está fundamentada en el artículo 49 de la Constitución Española que busca la igualdad para todos.
Esta ley participaba de un nuevo enfoque del programa de Acción Mundial de las Naciones Unidas.
Su principal objetivo es la igualdad de oportunidades de todos los españoles con independencia de su circunstancia social y personal y para ello parece imprescindible regular y fomentar la integración laboral de las personas con discapacidad.
La LISMI, aún con sus carencias, puso las bases de las políticas públicas sobre discapacidad y ayudó a canalizar la sensibilidad social.
El marco legal que atendía los derechos de personas con discapacidad se vio complementado 25 años después con el nacimiento en el año 2003, ley de igualdad no discriminación y accesibilidad universal (LIONDAU).
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